- Tras la incorporación de enmiendas, el proyecto será remitido ahora al Senado y la norma podría ser aprobada este mes.
El Congreso ha aprobado el 08 de abril de 2021 por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ya solo queda pendiente de su último tramite en el Senado y entre cuyos objetivos se incluyen acabar con la venta de coches de gasolina y diésel en 2040 [no destinados a usos comerciales], recortar emisiones y alcanzar la neutralidad climática del país en 2050. La ley prevé entrar en vigor en abril al tramitarse por la vía de urgencia.
Será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.
Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo:
- España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990 [tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace casi un año]
- y 2050, año para alcanzar la neutralidad climática.
Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables [compatible con el cuidado del patrimonio natural].
Objetivos mínimos nacionales para los años 2030 y 2050
En relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, esta norma establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030,
- como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990;
- alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%;
- lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable,
- y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
De igual modo, antes de 2050 y en todo caso, en el más corto plazo posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
Transición energética y movilidad sin emisiones
De acuerdo a esta norma, a partir de su entrada en vigor no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos.
En lo que respecta al desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, el texto prevé que se adopten las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria.
Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, que introduzcan medidas de mitigación para permitir la reducción de las emisiones derivadas de la movilidad.
Rehabilitación de edificios y desarrollo rural
Esta norma contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. Por ello, en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
En cuanto al desarrollo rural, el despliegue de las energías renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial.
Por otro lado, las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. De igual forma, el Gobierno deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo de manera transversal.
Mediante este proyecto de ley también se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Para ello, deberá elaborar anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.
