Jorge Morales,  ingeniero industrial y experto en energía miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, considera que “el Gobierno ha aprobado la mayor reforma del sector eléctrico en 20 años sin parangón con ninguna. Por primera vez se reconoce oficialmente que las eléctricas obtienen beneficios caídos del cielo y se las obliga a devolver su mayoría a los consumidores”.

Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley (ver aquí) han soliviantado al oligopolio eléctrico –formado por Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y EDP/TOTAL Energies– hasta el punto de amenazar con parar la actividad de las centrales nucleares, como muy bien resume el diario digital La Última Hora Noticias, las principales medidas son las siguientes:

  • Regulación del precio de la energía nuclear e hidroeléctrica. Se establece una subasta obligatoria de energía a largo plazo, donde las grandes eléctricas estarán obligadas a participar y donde podrán intercambiar hasta un 25% de la generación de energía. Como establece el real decreto ley, en ella participarán las “energías inframarginales gestionables”, que son principalmente las energías nuclear e hidroeléctrica, además de otras con menor peso, como termosolares y biomasa. Esa subasta hará que la energía nuclear e hidroeléctrica ya no deba estar sujeta al mercado y a sus precios, sino que se regule fuera de él. Además, la medida dará oxígeno a las empresas comercializadoras que no son del oligopolio eléctrico, ya que no dependerán únicamente del mercado mayorista.
  • Justicia en la factura. Se eliminan los beneficios caídos del cielo y ese dinero se utilizará para reducir la factura de la luz. Se establece un mecanismo para que los beneficios caídos del cielo que están recibiendo las eléctricas –a raíz de la subida del gas– pasen a ser ingresos para reducir la factura de la luz. Concretamente, a raíz de la subida del precio del gas y por la forma en la que se remuneran las energías en nuestro sistema –todas al precio de la más cara, lo que constituye una auténtica estafa–, actualmente se están remunerando todas las energías con este precio inflado. Este nuevo mecanismo quita esa sobrerretribución del resto de las energías y obliga a destinar esos recursos en la reducción de la factura. Esta medida, que se prolongará hasta el 31 de marzo del próximo año 2022, es fundamental, pues permitirá desconectar lo que sucede en el mercado mayorista con los precios de la electricidad de la factura del consumidor final.
  • Fijación de un precio máximo para el gas. Se establece que la factura del gas de las tarifas de último recurso no será actualizada en los dos próximos trimestres, independientemente de la situación internacional del mercado del gas.
  • Fin a la estafa con los embalses. Establecimiento de caudales mínimos y máximos, así como el mínimo llenado para cada mes, para evitar que los embalses sean vaciados de manera excesiva. Esta medida permite poner fin a la estafa del oligopolio de vaciado de embalses para aumentar los beneficios, y además protege el medio ambiente al garantizar un mínimo de caudal que evite su secado y su destrozo irreversible.
  • Ampliación de la prohibición de cortes de suministros –de cuatro a diez meses– y garantía de una potencia mínima. Se amplía de cuatro a diez meses el tiempo que ha de pasar entre el impago de la factura y el corte de suministros –manteniendo una potencia mínima de 3,5 kilovatios–, para evitar que los hogares en situación de vulnerabilidad se vean afectados de forma directa por la subida de la factura. Además, se acuerda abordar en el menor tiempo posible la reforma del bono social eléctrico y térmico, para seguir profundizando en esa protección.
  • Medidas fiscales para bajar la factura. Bajada del impuesto especial a la energía eléctrica –del 5% al 0,5%–, con el objetivo de bajar la factura de forma inmediata, y prórroga de la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), prorrogándose hasta el último trimestre de este año 2021 la suspensión temporal de este impuesto.