UCE INSISTE EN LA NECESIDAD DE CREAR EL CONSEJO DE CONSUMIDORES DE LA REGIÓN DE MURCIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
La actual ley es de 2008, las sucesivas actualizaciones de la normativa europea y nacionales no ha sido refundida en la Región de Murcia, llevamos una década de retraso.
Murcia 24 de septiembre de 2021. La Región de Murcia, con la que ha caído y la que está cayendo, también la que nos queda, está desfasada en el marco normativo de protección al consumidor, su aplicación ha sido nula en lo correspondiente a protección al consumidor, ello evidencia el nulo interés en las políticas de protección al consumidor desde su aprobación. “PAPEL MOJADO”.
No siempre fue así, la Región de Murcia, a cada uno lo suyo, fue pionera y un referente nacional en materia de protección al consumidor, educación del consumo en la escuela, representación de los consumidores, participación de las asociaciones de consumidores.
En 1996 se acordó en sede parlamentaria una ley de protección, “Estatuto del Consumidor” por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, se contemplaron figuras como el estatuto de los servicios básicos del hogar, el reconocimiento de los colectivos de consumidores más vulnerables, las asociaciones más representativas como facilitadora de la interlocución en el mercado y un largo etc.
Un marco normativo con tal nivel normativo requirió mucho diálogo social , se impulsó la cooperación interinstitucional entre las consejerías de Consumo y de Educación con una orden regulatoria lo que permitió una eficiencia muy importante en el apoyo a los centros educativos para la educación del futuro consumidor.
La puesta en funcionamiento del Teléfono de Consumidor 901 501 601, con una fuerte promoción, se promovió la informatización de las asociaciones de consumidores y se les implicó en la propia gestión de dicho teléfono.
Se potenció la cobertura del 100% de la población para facilitar la información y atención con oficinas hasta en las más pequeñas poblaciones de la Región, se impulsó el sistema arbitral de consumo, incluso vía telemática, la constitución del Consejo Asesor Regional de consumo…la lista es muy extensa de programas cuya efectividad en el cumplimiento de la propia ley fue satisfactoria, se generó colaboración, diálogo empresas consumidores, decreto de hojas de reclamaciones…
TODO ELLO ERAN REIVINDICACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
La crisis económica brutal del estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a la Región de Murcia con una ley en 2008 recién promulgada, avanzada que sentaba las bases para otro ciclo precisamente para apoyar a las familias, su seguridad jurídica y amparo ante una coyuntura ante las malas prácticas bancarias, abusos en comisiones, una práctica enormemente abusiva y agresiva por parte de las operadoras de telefonía móvil…
Pero el plan de ajuste terrible que aplicó el vicepresidente y consejero de economía y hacienda Juan Bernal fue demoledor, contempló cero euros de presupuesto de la noche a la mañana, sin diálogo social, y con los compromisos adquiridos para el desarrollo de lo que se vino en denominar a nivel nacional como el MODELO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR de la REGIÓN DE MURCIA.
La visión en materia de protección se convirtió en nula, ninguna ahí acabó la aplicación de la Ley de 2008 mientras las instituciones europeas avanzaban en lo que representa una política comunitaria prioritaria, no en vano las normativas centrales se denominan de “MEJORA DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR” y el objetivo, “Elevar el nivel, a un alto nivel de protección al consumidor”
Desde aquella coyuntura que hizo desplomar el “fomento de las asociaciones de consumidores” como mandato constitucional, de los planes estratégicos comunitarios de protección al consumidor, el acceso de las asociaciones a la justicia gratuita, las acciones colectivas de las mismas en defensa de los intereses generales de las personas consumidoras…todo quedó al entrar en la de la Región, en situación de inferioridad con respecto a lo que se mantenía en las comunidades autónomas (en la Región no) y la recuperación en dichas comunidades autónomas, proporcionalmente a otras políticas comunitarias se produjo hasta llegar a la Región de Murcia.
En las sucesivas ampliaciones y modificaciones de la Ley General, la de “Mejora de la protección al consumidor” debidamente traspuesta al ordenamiento jurídico nacional, no alcanzaba a la Región de Murcia, comunidad autónoma con plenas competencias en la materia y con toda la posibilidad de realizar ese texto refundido, esa adaptación a la realidad del mercado de consumo comunitario, de la realidad de las economías familiares, hasta convertirnos en una región inmóvil en la materia.
El coste de los cargos públicos, de la burocracia administrativa y el nulo apoyo al “fomento de las asociaciones de consumidores, como figura jurídica exclusiva, decae” se congela la dotación para “actividades finalistas” que más bien pudieran ir destinadas a empresas de servicios, y que ni siquiera contempla el apoyo a los teléfonos…FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES, DE SU EXISTENCIA, DE SUS ACCIONES JUDICIALES Y DE ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES, DE LA POSIBILIDAD DE COBRAR CUOTAS A SUS SOCIOS CON UNA MÍNIMA CAPACIDAD DE COBRO”
No ha habido grupos parlamentarios revisando esta normativa, la situación de las asociaciones, la aplicación de las obligaciones normativas de los ayuntamientos, del Gobierno Regional… en algunos casos ni han respondido a la petición de entrevistas.
El apoyo a las asociaciones y en grado de aplicación e impulso normativo para adaptarlo ante el desfase es residual, indigente, no hay interés ni impulso.
Las respectivas direcciones de consumo, ni siquiera forman parte de la denominación de las consejerías, aun siendo una competencia exclusiva más bien las direcciones han sido en realidad o de Comercio o de Artesanía.
6 o 7 inspectores de consumo, sin el apoyo suficiente en recursos, y una infraestructura de arbitraje monolítica en la que las asociaciones de consumidores, en otros momentos, junto a las empresariales, pilar de diálogo y acuerdo, hoy apenas si “invitados de piedra”
DEMASIADOS CARGOS POLÍTICOS PARA UNA REGIÓN UNIPROVINCIAL, CON MENOS SERÍA MAS QUE SUFICIENTE, FOMENTANDO A LA SOCIEDAD CIVIL Y PERMITIENDO A LOS TÉCNICOS ACTUAR SIN TANTA POLITIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE SON MUY JURÍDICO –TÉCNICOS Y NO “POLITICAS MARIAS EN LA QUE SE PUEDE COLOCAR A CUALQUIER CARGO DEL PARTIDO O DE CONFIANZA, PREMIOS DE CONSOLACIÓN O VARIOS”
El Presidente del Gobierno Regional se niega a recibirnos desde que fue elegido como tal ¿evidencia esto el interés por la política de protección al consumidor y las asociaciones de consumidores, actores fundamentales de la misma, artículo 51.2 de la constitución española?
La cuestión no interesa, al nivel institucional de interlocución carece de la mínima formación y preparación para hacer frente a un mercado de consumo, a una legislación para apoyo efectivo a la vida cotidiana de las familias y los consumidores, muy compleja, con quiebras económica de las familias, con miles de millones de euros por demandar para su devolución a los bancos por clausulas suelo, por comisiones abusivas…con la formación para la protección del consumo en comercio on line, o campañas potentes para evitar el fraude, el abuso, las estafas que se incrementan día a día en esta nueva realidad.
La Región de Murcia requiere más y mejor en materia de protección al consumidor, requiere un impulso que recupere la seguridad jurídica. El covid y las repercusiones que está teniendo para el consumidor en alquileres, agencias viajes, suministro de luz … y un largo etc. requieren la necesidad de asesorar por las asociaciones consumidores en esa etapa y reforzar nuestro compromiso ya que el covid ha intensificado las consultas y los asesoramientos.
La potenciación con determinación y contundencia de las asociaciones de consumidores, la creación de nuevos foros de participación como el consejo de consumidores de la Región de Murcia, la Comarcalización de la atención e información para concentrar los recursos de ayuntamientos y comunidad autónoma, la agilización de la capacidad de protección de la administración ante la volatilidad del mercado, de los fenómenos, de los abusos, de la transparencia en las memorias de inspección y sanción de malas prácticas en el mercado regional, de la formación de funcionarios y de ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO, de transparencia en la pobre web de protección al consumidor y un largo etc. que requiere el ofrecer garantía y seguridad al consumidor murciano, protección de la salud, participación y consulta permanente a las asociaciones, coordinación con los ayuntamientos, protocolos de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
El haber caído del lado del gobierno de coalición de los cargos de ciudadanos o los actuales, ha sentado muy muy mal a la política de protección al consumidor, ocupar por ocupar cargos no es efectivo, no garantiza nada, sale demasiado caro.
Mientras tanto el tren de los problemas y conflictos del consumidor continua y el consumidor se siente desamparado y las asociaciones de consumidores impotentes, siendo asociaciones preparadas y profesionalizadas durante décadas, sin los medios esenciales para realizar su misión social.
LA SITUACIÓN ES INSOSTENIBLE, LA SOCIEDAD MURCIANA, MEDIOS DE COMUNIDACION, GRUPOS PARLAMENTARIOS DEBEN APOYAR EL IMPULSO A UN ÁREA FUNDAMENTAL DE LA VIDA DE LA GENTE.
