Desde la Defensa jurídica del consumidor, denunciamos el maltrato y la discriminación que sufren las personas mayores por parte de los grandes bancos, que en la práctica son excluidos de los servicios financieros. Por lo cual nuestra asociación exige al Gobierno una regulación para garantizar la atención personal en las oficinas bancarias y una efectiva prestación de los servicios financieros, en particular de las personas mayores sin habilidades para manejar cajeros y herramientas informáticas.
La banca está por hacer desaparecer el dinero en metálico. Para ello cierra oficinas, despide trabajadores/as y jubila. También se olvida de las personas mayores, el enorme colectivo que la alimentó durante años con sus nóminas y a las que exige una formación en nuevas tecnologías que no tienen. Las personas mayores son las más perjudicadas por esta estrategia de recortes de los servicios bancarios.
En vez de facilitar la atención a las personas que debido a su edad no manejan herramientas informáticas o los cajeros, los grandes bancos imponen un exiguo horario y les exigen que retiren de su cuenta unas cantidades que no se ajustan a sus pensiones. ¿Facilitar los servicios a las personas mayores no forma parte de la responsabilidad social de los grandes bancos? ¿Les costaría mucho más que los controles que hacen para que nadie cobre la pensión de un jubilado fallecido?, a quienes les hacen trasladarse al banco en sillas de ruedas, haga el tiempo que haga, para comprobar que la persona sigue viva. Siguen vivas y dando enormes beneficios a una banca que les está haciendo sufrir una humillación sin precedentes.
CAMBIAR DE BANCO, UNA OPCIÓN RESPONSABLE
El comportamiento de los grandes bancos es de abuso y desprecio total a nuestras necesidades como consumidores/as. Como si no viviesen de todos y todas nosotras, como si las pensiones domiciliadas no les hicieran ganar millones todos los meses. Tratándonos como si nos estuvieran haciendo un favor, cuando nos están maltratando y humillando.
Por ello, junto a las medidas que deben adoptar las instituciones públicas, tanto legislativas como gubernamentales, las personas consumidoras debemos tener claro que:
– Es nuestra obligación, como personas consumidoras responsables que no miramos para otro lado cuando limitan y ponen trabas al acceso a los servicios financieros, exigir el contrato bancario para saber los derechos que tenemos, cuando proceda la hoja de reclamaciones y, en su caso, la denuncia ante el Banco de España.
– Y sobre todo no nos olvidemos que SIEMPRE TENEMOS LA OPCIÓN DE CAMBIAR DE BANCO, hay muy pocas entidades ya en Murcia, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, que FACILITAN ATENCIÓN PERSONAL en sus oficinas, no están poniendo límites ni restricciones a la atención personalizada y no están cerrando sucursales ¡Tú puedes contribuir a cambiar las cosas! ¡DE TI TAMBIÉN DEPENDE PARAR LOS ABUSOS DE LA BANCA!
NUESTRAS EXIGENCIAS A LOS PODERES PÚBLICOS
Asimismo, frente a esta situación de exclusión de los servicios financieros, particularmente de las personas mayores, desde la Defensa exigimos al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados:
– Regulación de un efectivo acceso universal a los servicios financieros y derecho a la atención personal en las oficinas bancarias, en especial a las personas vulnerables, respondiendo a la nueva figura jurídica de protección de la vulnerabilidad.
– Creación de la tantas veces comprometida y nunca aprobada Agencia de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros, dada la pasividad e ineficacia del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, cuyas resoluciones carecen de obligatoriedad para los bancos.
¡Tú eres la Defensa!
