La negativa a aceptar pagos en efectivo: un derecho vulnerado por la ley y sus consecuencias para los consumidores
En la actualidad, uno de los derechos fundamentales de los consumidores es poder realizar pagos en efectivo en los establecimientos comerciales. Sin embargo, la normativa vigente, específicamente el artículo 47, apartado «ñ» del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), establece que la negativa a aceptar pagos en efectivo puede constituir una infracción.
Este artículo señala que los establecimientos están obligados a aceptar pagos en efectivo, salvo en los casos en que la ley establezca límites o excepciones. La ley contra el blanqueo de capitales, por ejemplo, fija un tope de 1.000 euros para pagos en efectivo en determinadas transacciones, con el fin de prevenir actividades ilícitas. Sin embargo, esta limitación no puede ser interpretada como una prohibición absoluta de aceptar efectivo por parte de los comercios.
El problema surge cuando algunos establecimientos, en la práctica, se niegan a aceptar pagos en efectivo, alegando restricciones o simplemente por conveniencia. Esto genera una situación injusta y discriminatoria para los consumidores que, por diversas razones, prefieren o necesitan pagar en efectivo:
- Personas que no disponen de cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
- Consumidores que, por motivos de privacidad o seguridad, optan por pagar en efectivo.
- Personas mayores o con dificultades tecnológicas que aún confían en el pago en efectivo.
La negativa a aceptar efectivo, además de vulnerar el derecho del consumidor, puede limitar su libertad de elección y acceso a bienes y servicios. La ley busca proteger estos derechos, y las autoridades de consumo pueden sancionar a los establecimientos que incumplen con esta obligación.
Desde LA DEFENSA, recordamos a los consumidores que tienen derecho a pagar en efectivo en los establecimientos que así lo permitan, y que cualquier negativa injustificada puede ser denunciada ante las autoridades competentes. Asimismo, instamos a los comercios a respetar este derecho, garantizando una competencia leal y un acceso equitativo a todos los consumidores.
En un mundo cada vez más digitalizado, es importante no perder de vista que el efectivo sigue siendo un medio de pago válido y fundamental para muchas personas. La ley debe proteger ese derecho, y todos debemos velar por su cumplimiento.