El Juzgado de lo Penal n.º 5 de Murcia fija la vista previa para el próximo 15 de marzo de 2027. Las acusaciones solicitan 6 años de prisión por un presunto delito continuado de estafa y recuerdan que existen bienes embargados y un aval de 60.000 euros para cubrir las indemnizaciones.
Murcia, 12 de noviembre de 2026. – La DEFENSA celebró en la tarde de ayer una asamblea jurídica informativa dirigida a los cerca de medio centenar de afectados por el caso de Viajes Entrevías. La sesión, coordinada por la directora técnico-jurídica de la entidad, María José Hernández Peñaranda, contó con la intervención del letrado colaborador Juan José Gómez Conesa para detallar los últimos avances procesales.
Tras concluir la fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción n.º 9, la causa ha sido trasladada al Juzgado de lo Penal n.º 5 de Murcia. Según el auto judicial notificado recientemente, se ha fijado para el 15 de marzo de 2027, a las 10:30 horas, la celebración de la audiencia preliminar. En este trámite, el acusado —quien mantiene el pasaporte retirado por orden judicial— deberá manifestar si acepta los hechos y alcanza una conformidad o si se procede a señalar la fecha definitiva del juicio oral, que el equipo jurídico estima podría celebrarse entre julio y septiembre de 2027.
Petición de penas y garantías de cobro Durante la reunión se recordó que las acusaciones particulares solicitan 6 años de prisión por un delito continuado de estafa. En el ámbito de la responsabilidad civil, la deuda reclamada supera los 70.000 euros, a los que habrá que sumar los intereses legales devengados desde la fecha de cada pago y una indemnización de 500 euros por daños morales para cada perjudicado.
Para garantizar el resarcimiento económico de las familias, el procedimiento cuenta con dos respaldos clave retenidos judicialmente:
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Un aval de 60.000 euros de la compañía aseguradora Markel.
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El embargo preventivo de una vivienda propiedad del investigado en la pedanía murciana de San Ginés (con plaza de garaje y trastero).
Desde «La Defensa» se trasladó un mensaje de tranquilidad y firmeza ante la postura de la Fiscalía —que finalmente no ha formulado acusación—, destacando la sólida base probatoria aportada por las acusaciones particulares (incluidas las cuentas anuales de la mercantil entre 2019 y 2021) y recordando que, en todo caso, quedaría abierta la vía civil para reclamar las cantidades adeudadas. Asimismo, la asociación procederá estos días a revisar el listado completo de querellantes y a organizar la asistencia de los afectados que deseen acudir como público a la vista de marzo.